El gobierno no toma en cuenta al Criminólogo. Como se mencionaba en la situación laboral, la figura del Criminólogo se encuentra en escasas plazas gubernamentales, una bien definida y que reclama el perfil es la que se encuentra en las prisiones, sin embargo, las funciones que desempeña en esa institución por mandamiento oficial son básicas y desperdician los conocimientos del profesional. Existe una desmedida inclinación hacia politizar que usar la ciencia para las decisiones del país en materia de prevención de conductas antisociales.
Profesionales de ciencias ajenas al estudio del fenómeno de la antisocialidad son quienes crean las leyes. Frecuentemente se aprueban leyes que carecen de visión criminológica, el problema es que la gran mayoría de diputados y senadores no tienen conocimientos de Criminología. Es rara la ocasión en la que se presentan reformas en materia penal basadas en investigaciones criminológicas.
La prevención de conductas se realiza mediante la represión, criminalización, penalización y aumento de penas. La Criminología positiva surgió para acabar con estas prácticas que sólo generaban más violencia y adjudicaban toda la culpabilidad al individuo, que por diversas razones violentaba las leyes; la forma de hacer prevención actualmente en el país es mediante la agravación de la pena, pensando que si la sanción por cometer homicidio se aumenta diez años habrá menos, ignorando el desinterés de los delincuentes por informarse de las penalidades, o de su sentimiento de superioridad en que no serán atrapados, ni menos aún en los delitos culposos o preterintencionales. A diario surgen nuevos delitos, el gobierno invierte cantidades exageradas en los salarios de los legisladores más que en prevención no represora. Uno de los principios de la Criminología radica que se necesitan atender los factores causales de la conducta antisocial para hacer prevención, hecho que el Estado parece desconocer o ignorar, y prefiere basarse en el Derecho Penal para la prevención.